Consistente en la elaboración de un proceso de análisis de la cartera judicial o por judicializar con el fin de verificar que las distintas actuaciones prejudiciales/judiciales se realizan o se han realizado en el menor plazo posible y de la forma más beneficiosa para el cliente/para el buen fin del procedimiento.
Este análisis, se ejecuta dividiendo los procedimientos por las distintas fases judiciales que el mismo conlleva, estableciendo unos indicadores temporales que implica que se produzcan avisos que informen que un procedimiento judicial no cumple con el tiempo medio por fase, así como que se encuentra en la situación procesal correcta conforme al tiempo transcurrido.
Las distintas fases, se dividen también en sub-fases con objeto de tener una visión más concreta de los procedimientos.
Como resultado de estas acciones se obtienen datos suficientes que permite realizar informes, comprobar la evolución de la cartera y realizar estimaciones futuras.